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Política de vivienda: un nuevo capítulo de incertidumbres entre el Plan Avanzar, pasar la “papa caliente” o caer en un nuevo agujero negro | el diario

Que el problema de los asentamientos irregulares sea un tema crucial para las políticas públicas y para el desarrollo de Uruguay y la región no es un descubrimiento. En mayo pasado, el Poder Ejecutivo anunció a bombo y platillo el Plan Avanzar, con recursos destinados a la regularización de asentamientos en diversos puntos del territorio nacional. Sin embargo, las recientes comparecencias del personal del Ministerio de Vivienda en el Parlamento han dejado más dudas que certezas sobre la implementación y los recursos para sostenerla.

Se aplaude el anuncio del plan, principalmente porque es parte de una perspectiva de política de Estado que nos reconoce a nosotros ya los logros de gobiernos anteriores. Pero no deja de plantear nuevos interrogantes y presentar algunas luces amarillas, en la medida en que cae en una interpretación centralista y sectorial de un problema que tiene múltiples causas, actores y fundamentalmente una expresión territorial insalvable. Por otro lado, y no es la primera vez, se identifican nuevamente brechas entre el discurso de las autoridades gubernamentales en cartera y la materialización efectiva de acciones y recursos.

En un acto importante, el 13 de mayo, el presidente Luis Lacalle Pou, apoyado por la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y muchas otras autoridades, lanzó la propuesta para atender la situación de 120 asentamientos irregulares, que cubren cerca de 15.000 viviendas. En su discurso, el presidente habló de hacer realidad un “sueño personal” y que era un “trabajo necesario y justo”. Nadie se opone a la necesidad esencial de enfocar este tema como urgente e importante, pero, además de la oportunidad, algunas incertidumbres aparecen en el camino, considerando los recursos disponibles y las capacidades de implementación. Cabe señalar que para este plan se proyectó un presupuesto de 240 millones de dólares. El sustento de tal intervención no llega a los fondos que se extraerán del Instituto de Colonización, según se informó a la Comisión de Vivienda del Parlamento en la reciente comparecencia de las autoridades.

Que el anuncio del gobierno sobre el Plan Avanzar, hace poco más de dos meses, se hiciera ante los 19 alcaldes y todo el gabinete de ministros, y que los proyectos ya habían sido objeto de diálogo con varios alcaldes, me pareció auspicioso y destacable. Sin embargo, la Rendición de Cuentas del gobierno presentada en la arena parlamentaria no menciona ni especifica de dónde provendrían los recursos adicionales que requiere el plan de vivienda y el enfoque de conciliación. Así, se reiteran algunos antecedentes sobre este tema, que también involucraron rimbombantes titulares y anuncios publicitarios que luego no prosperaron. Vale recordar la propuesta de la propia ministra Moreira, cuando en abril de 2020 declaró: “Marcamos unas 50 mil viviendas. Es lo mismo que los asentamientos. Quiero luchar, quiero reducir el número de asentamientos”. Es evidente que la actual realidad social, económica y política reduce los márgenes para expresar deseos o quedarse en el campo de las promesas, con una pandemia que también ha profundizado grandes impactos y hace urgente enfrentar el problema de los asentamientos irregulares.

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En el ámbito parlamentario, el Ministerio de Vivienda dijo en las últimas semanas que no está en condiciones de detallar cómo se financiará el fondo fiduciario de los asentamientos y, ante interrogantes puntuales, el ministro vuelve a relativizar números y alcances. Esto es preocupante, no solo porque no permite dimensionar completamente el problema, sino porque deja abiertas múltiples incertidumbres en cuanto a la materialización de los recursos.

Otro elemento que repercute como antecedente negativo reciente es el intento de esta misma administración en la anterior Rendición de Cuentas (2021) de intentar descontar las partidas previstas en el artículo 214 de la Constitución a todos aquellos municipios que no “actuaron a tiempo” en caso de posibles ocupaciones de suelo. El sustento de la propuesta fue que esta “negligencia territorial” de un gobierno departamental implicaba altos costos para el Estado. Esta afirmación desconocía el origen de un problema trascendental que se enmarcó precisamente en la deficiente política nacional de vivienda durante décadas.

Los recientes anuncios del Plan Avanzar y del fideicomiso para los asentamientos aún indican que es hora de abrir un período de espera, a la espera de que la construcción de estas soluciones marque un cambio de perspectiva (que, por ejemplo, privilegia la oportunidad de compartir responsabilidades y articular capacidades con los gobiernos subnacionales). Además, si el enfoque de las relaciones intergubernamentales o multinivel hubiera prevalecido sobre las soluciones centralistas y sectoriales propuestas reiteradamente a problemas como el de la vivienda en las últimas décadas, quizás el juego que se juega hoy no abriría tantas metas. Pero a la complejidad histórica ligada a la coordinación y articulación, ahora surge la incertidumbre sobre la capacidad efectiva de impulsar el nuevo plan para abordar un tema crítico, que no es nuevo, pero que requiere respuestas enfáticas y contundentes. Sin embargo, la ausencia de información clara sobre la disponibilidad de los recursos reinstaura las dudas y la desconfianza de terminar nuevamente envueltos en nubes de anuncios que luego no prosperan.

En la mayoría de los casos, las políticas públicas sectoriales en esta materia en el país partieron del centro y “aterrizaron” más tarde, con la relativa virtud de incluir y paliar necesidades en algunos sectores desatendidos. Así, si bien hubo una mitigación de riesgos y una mejora parcial en la calidad de vida de las personas y comunidades, se desconocieron muchas potencialidades y oportunidades de los territorios.

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