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La Nueva Constitución Ecológica nos une. Por Sara Larraín, Directora Ejecutiva de Fundación Chile Sustentable – G5noticias

El 4 de septiembre los chilenos debemos pronunciarnos sobre el texto de la Nueva Constitución elaborado en plazo y con el trabajo de la Convención Constitucional y la amplia participación de todos los sectores de la sociedad chilena a través de audiencias públicas e iniciativas de derecho popular. Un proceso ejemplar de deliberación democrática, participación representativa directa y transparencia política a un costo muy modesto en comparación con lo que le cuesta a Chile mantener las actuales instituciones deliberativas y legislativas.

El texto propuesto de la Nueva Constitución establece los principios, derechos, deberes e instituciones para una mejor convivencia entre las personas, las regiones, la sociedad y la naturaleza, de cuyos bienes y servicios ambientales dependemos. Un análisis de la propuesta permite afirmar que la Nueva Constitución une a Chile. Une a Chile, porque en sus principios establece a Chile como un Estado de derecho social y democrático, plurinacional, intercultural, ecológico; una república o forma solidaria de gobierno y una democracia paritaria; estableciendo así la igualdad sustantiva entre las personas, la inclusión; la solidaridad como base de las relaciones republicanas y la indisoluble relación entre el ser humano y la naturaleza. En otras palabras, un nuevo paradigma de Estado Solidario Sociedad-Naturaleza.

Esta innovación ético-política se refuerza en el capítulo de Derechos Fundamentales al reconocer la titularidad de derechos no sólo de las personas naturales, sino también de los pueblos y naciones indígenas y de la naturaleza: “a que se respete y proteja su existencia”, a la regeneración, mantenimiento y restauración de sus funciones y equilibrios de los ciclos naturales, ecosistemas y biodiversidad.

También establece un catálogo de derechos ambientales de las personas, tales como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; aire limpio, agua y saneamiento; energía accesible y segura -que permita satisfacer las necesidades básicas para la salud y subsistencia de la población- garantizando la justicia ambiental; e indicando que la ley podrá establecer restricciones al ejercicio de ciertos derechos para proteger el medio ambiente y la naturaleza. La Nueva Constitución también instituye acciones constitucionales para la protección de los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales de las personas y los pueblos y un Defensor de la Naturaleza, organismo autónomo con patrimonio propio, para inspeccionar y deducir acciones constitucionales y legales en el caso de Estado. instituciones o entidades privadas violan estos derechos.

La propuesta constitucional también nos une al establecer en el Capítulo 3 Naturaleza y Medio Ambiente, principios de nueva generación como la justicia ambiental, la solidaridad intergeneracional, la responsabilidad y la acción climática justa; y al incluir un estatuto sobre Bienes Naturales Comunes, donde define cuáles son (agua, aire, glaciares, mar territorial, subsuelo, etc.); el deber de custodia del Estado sobre ellos; la gestión democrática y solidaria de tales bienes y condiciones de uso que aseguren los derechos de la naturaleza y los intereses de las presentes y futuras generaciones. El estatuto de aguas es el más desarrollado en el texto constitucional, donde se establece como un bien común impropio; explica la jerarquía de derechos humanos y usos prioritarios, establece autorizaciones temporales de uso y Consejos de Cuenca para regular su gestión con la supervisión de la Agencia Nacional de Aguas, que sustituirá a la actual Dirección General de Aguas.

Los capítulos de Participación Ciudadana, Buen Gobierno, Estado Regional y Organización Territorial establecen el acceso a la información, y obligan a los gobiernos regionales y futuras comunas autónomas a organizar el territorio bajo criterios de equidad territorial y desarrollo en armonía con la naturaleza, condiciones de ubicación de los asentamientos y actividades productivas y priorización de la protección de cabeceras de cuencas, glaciares, acuíferos; además de la protección y custodia del patrimonio natural.

Finalmente, en los artículos transitorios, además de establecer un plazo de un año para que el gobierno presente un proyecto de ley para implementar el Estatuto Constitucional de Aguas y la nueva institucionalidad; Se obliga a presentar el proyecto de ley para la implementación de la Defensoría de la Naturaleza, sus atribuciones y financiamiento, en el plazo de 2 años.

Asimismo, con el fin de dar cumplimiento integral a las demás normas constitucionales del capítulo Naturaleza y Medio Ambiente, se encomienda al Presidente de la República la creación de una “Comisión de Transición Ecológica” en el plazo de un año, para la elaboración de proyectos de ley, adecuación de reglamentos y propuestas de orden público. políticas para las transformaciones que permitan a la sociedad chilena conservar, restaurar y mantener la biodiversidad y los ecosistemas del patrimonio ambiental y los derechos de las generaciones futuras, exigidos por la Constitución Ecológica.

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